Revista de Estudios Jurídicos y Criminológicos

Aproximación al concepto de bien jurídico penal. Sobre su validez actual en el sistema penal

María Dolores Martínez Pérez — 2024-12-19

El presente artículo realiza un análisis general del concepto de bien jurídico penal, entendiendo por tal el objeto merecedor de protección por parte del ordenamiento jurídico penal. Analiza su evolución histórica y sus diversas concepciones.

Define su contenido y las funciones que debe cumplir dentro del ámbito penal, así como una clasificación de los distintos bienes jurídico penales existentes, todo ello para analizar si sigue siendo un instrumento válido capaz de dar respuesta a los desafíos del Derecho penal

Críticas de Justicia restaurativa al Derecho Penal: algunas respuestas y posibles límites

Antonio Cardona Barber — 2024-12-19

En este trabajo de investigación se defiende que algunos de los argumentos utilizados para apostar y defender las bondades de las propuestas de justicia restaurativa tienden a criticar al modelo del derecho penal liberal de forma injustificada, o, como mínimo, exagerada. Por ello, el objetivo principal del presente estudio ha sido el de intentar ofrecer contrargumentos a las críticas de justicia restaurativa referidas. Además, en estas páginas el lector encontrará algunos comentarios sobre posibles aspectos de los procedimientos participativos de justicia restaurativa que, en el campo de lo operativo, pueden presentar algunas tensiones prácticas.

Fundamentos jurídico-sociales de la seguridad y salud en el trabajo: una perspectiva crítica para la protección integral de la fuerza de trabajo

Luis Alberto Quintana García — 2024-12-19

En el presente artículo se establecen los fundamentos jurídico-sociales de la Seguridad y Salud en el Trabajo desde una perspectiva crítica, para lo cual se desarrollan cuatro capítulos que contienen: i) el análisis sistemático de los riesgos del trabajo en perspectiva pospandémica, las fuentes de surgimiento de los riesgos profesionales y sus manifestaciones, la definición y rol del Derecho de los Riesgos del Trabajo y el objeto de la Seguridad y Salud en el Trabajo; ii) el estudio del componente seguridad en el trabajo, por un lado, y salud en el trabajo, por el otro; iii) la explicación de la función preventiva, protectora, promotora y habilitadora de la Seguridad y Salud en el Trabajo; y iv) el desarrollo de la dimensión de las obligaciones y la responsabilidad patronal. A partir de todo ello, se busca establecer una interpretación del conflicto en la Seguridad y Salud en el Trabajo que permita garantizar y desarrollar una protección integral de la fuerza de trabajo frente a los riesgos profesionales en un contexto de profundos cambios económicos, tecnológicos y sociales.

Las rutas de navegación: desafíos y oportunidades actuales para el transporte marítimo de mercancías

Blanca Romero Matute — 2024-12-19

En los últimos años, las rutas marítimas han enfrentado diversos factores desestabilizantes. Desde finales de 2020, las tensiones sanitarias, comerciales y geopolíticas han perturbado las cadenas de suministro globales. Además, nuevas exigencias medioambientales, especialmente en descarbonización, y la digitalización del sector, imponen reevaluaciones constantes de rutas e infraestructuras portuarias. En 2024, la situación se agrava con las tensiones comerciales entre potencias y la acelerada transición energética. Estos factores interrelacionados demandan una transformación hacia una navegación más eficiente y sostenible, presentando retos y oportunidades para la industria marítima.

Los crímenes terroristas de ETA como delitos de lesa humanidad en el Derecho Penal español: el informe de misión del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo de 22 de abril de 2022

Alberto Baixauli Fernández — 2024-12-19

El informe de misión del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo de 22 de abril de 2022 ha puesto de relieve que en un porcentaje significativo de los asesinatos cometidos por la banda terrorista ETA no existe sentencia judicial para todos los autores físicos de los delitos. Según dicho informe diversas circunstancias han obstaculizado gravemente los esfuerzos en la investigación de tales delitos, por lo que se aboga -entre otras recomendaciones- por la posible configuración de los delitos de terrorismo como delitos de lesa humanidad, incluso con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre de reforma del Código Penal

La actuación normativa del Grupo de Acción Financiera Internacional frente al criptoblanqueo

Yago González Quinzán — 2024-12-19

La disrupción financiera positiva que suponen los criptoactivos mediante el logro de ventajas como la desintermediación y la seguridad criptográfica de las transacciones se minimiza en atención a los riesgos de blanqueo de capitales que se asocian ampliamente con los activos virtuales (en adelante, AV). El Grupo de Acción Financiera Internacional (en adelante, GAFI) ha reaccionado a ello mediante la adopción de nuevas medidas para las actividades con AV. En el presente trabajo se analizan pues las políticas antiblanqueo más recientes aprobadas por el GAFI para conseguir, de un lado, la armonización de los enfoques jurídicos nacionales sobre criptoactivos y, de otro, la configuración de un régimen preventivo eficaz contra el criptoblanqueo.

De la denuncia a la sentencia. La atrición en los delitos de violación en España desde la perspectiva del Derecho Procesal

Irene de Lamo Velado — 2024-12-19

Esta investigación analiza, desde una perspectiva empírica, los procesos penales por delitos de violación, en todas sus fases. El objetivo es abordar la tasa de desgaste procesal o atrición (attrition rate, en inglés) de los procesos penales por delitos de violación en España. La metodología combina el análisis de datos primarios y secundarios. Se examinan los datos oficiales publicados sobre delitos sexuales y los resultados de una investigación más amplia que consiste en el análisis cuantitativo y cualitativo de sentencias dictadas por delitos de violación en España en el periodo entre el 2000 y el 2019. Se identifica una elevada tasa de atrición. Es destacable la alta frecuencia de fallos condenatorios y la reducida proporción de procesos que superan la fase de instrucción. Se determina una tasa de enjuiciamiento inferior al 10% y una tasa de condena superior al 80%

Gestación subrogada. Consecuencias jurídicas y legislativas de la Directiva Europea 2024/1712 del Parlamento Europeo y del Consejo

María Angustias Alcázar Escribano — 2024-12-19

La gestación por subrogación, comúnmente conocida como vientre de alquiler, no es una práctica nueva, sin embargo, y a pesar de sus conflictos éticos y su prohibición legal en España, está en alza. De acuerdo a los datos suministrados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación desde 2010 hasta julio de 2023, España recibió 3.546 solicitudes para inscribir bebés nacidos por gestación subrogada[1], aunque dicha cifra podría ser mayor. Ante esta situación, la Unión Europea, a falta de una postura común legal ante esta práctica, ha determinado, a través del Consejo y del Parlamento Europeo considerar, explícitamente como trata de seres humanos la explotación de la gestación subrogada cuando se coaccione o engañe a las mujeres para que actúen como madres sustitutas. Esto abre una discusión jurídica respecto a cuáles son los derechos en juego y cuál debe ser la regulación legal y, en su caso, penal que, en este artículo trataremos de abordar desde la acción que se trata de sancionar, sin profundizar sobre el resto de los elementos del tipo penal que requeriría de un estudio más pormenorizado. Además, evidenciaremos la política de hechos consumados que validan esta práctica al entrar en conflicto con el interés del menor y que invita a reflexionar sobre la situación actual.

[1] Vid: https://www.newtral.es/gestacion-subrogada-2023/20231220/ (Consulta: 24/09/2024)

Los trabajos preparatorios de UNCITRAL para la elaboración de un Convenio sobre Documentos de Carga Negociables

María de la Paz Martín Castro — 2024-12-19

El conocimiento de embarque es, hasta el momento, el único documento de transporte dotado de eficacia representativa. La falta de eficacia traslativa del resto de documentos tradicionalmente emitidos para instrumentar las operaciones de transporte dificulta las posibilidades de comercialización de las mercancías en tránsito y las oportunidades de financiación de tales operaciones. Constada la existencia entre los operadores del tráfico de una demanda favorable a dotar a aquellos documentos de las mismas prerrogativas que al clásico documento de transporte marítimo, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional encomendó en 2022 al Grupo de Trabajo VI la elaboración de un nuevo Instrumento internacional sobre documentos de carga negociables. El presente estudio analiza los aspectos fundamentales del régimen que el futuro Convenio procura al nuevo título representativo creado y avanza algunas de las cuestiones más problemáticas que pueden suscitarse en torno a la posible convivencia de los Instrumentos vigentes en materia de transporte internacional y el nuevo texto de UNCITRAL, pese a la pretendida no injerencia que proclama el Convenio proyectado.

La hoja de encargo del contrato de prestación de servicios jurídicos. Especial atención al precio

Mario Neupavert Alzola — 2024-12-19

El contrato de prestación de servicios jurídicos convive en la actualidad con distintas modificaciones legislativas y pronunciamientos judiciales que han cambiado las reglas del juego para el profesional de la abogacía. En este contexto surge la duda de si la hoja de encargo que formaliza por escrito el contrato de prestación de servicios jurídicos resulta obligatoria en todo caso, o al menos con consumidores, o si el letrado puede dar cumplimiento a las obligaciones legales prescindiendo de este trámite.

A su vez, se analiza en el presente artículo la utilidad de la hoja de encargo a la luz de la reforma operada por el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, que modifica el procedimiento de jura de cuentas del artículo 35 LEC, entre otros. Esta reforma, alentada por el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de septiembre de 2022, Asunto C-335/21, Vicente c. Delia, vuelve a poner el foco en la importancia de la formalización por escrito del contrato, nuevamente, al menos con consumidores. Así, la promulgación de la Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa, ha venido a aportar aún más a la cuestión.

LEÓN ALAPONT, José, La prisión permanente revisable en España, Tirant lo Blanch, Valencia, 2024, 692 páginas

Cristian Sánchez Benítez — 2024-12-19

RAMOS VIVAS, José, Manual de comunicación y divulgación científica. Un libro imprescindible para conocer y dominar las claves de la comunicación científica y facilitar así su divulgación en la sociedad de la información, Berenice, Córdoba, 2021, 352 páginas

Juan Carlos Velasco Perdigones — 2024-12-19

Presentación

Ana María Rodríguez Tirado — 2024-12-19

La lucha contra el cibercrimen y las últimas reformas penales en España e Italia: luces y sombras

Chiara Crescioli — 2024-12-19

La necesidad de la regulación de la ciberdelincuencia ha llamado la atención de las instituciones supranacionales como la Unión Europea y el Consejo de Europa. Por lo tanto, los legisladores nacionales de los diferentes países de la UE, como España e Italia, han tenido que modificar varias veces sus propios códigos penales para cumplir con las obligaciones de los convenios internacionales, las Decisiones Marco y las Directivas relativas a los ataques informáticos y al cibercrimen. Sin embargo, las medidas adoptadas por el legislador europeo y, por consiguiente, por los legisladores nacionales que regulan los ciberdelitos en sus Códigos penales (como el español y el italiano), todavía no se ajustan completamente a las características de la criminalidad cibernética actual, así como al fenómeno delictivo denominado Cybercrime-as-a-Service. En el presente trabajo se analiza, en perspectiva comparada entre España e Italia, la evolución de la legislación penal contra el cibercrimen y su aplicación jurisprudencial, con especial referencia a las estafas informáticas y al empleo ilícito de los medios de pagos distintos del efectivo, intentando ofrecer hipotéticas soluciones para mejorar las normas penales en el mencionado ámbito de criminalidad, que afecta cada día a más usuarios y entidades públicas.